Por Jorge Olmos Contreras
En Nayarit, particularmente en Tepic, también hace aire, un aire no precisamente moral, más bien se trata de vientos inmorales que amenazan con arrastrar la carrera política de la alcaldesa Geraldine Ponce.
Por Jorge Olmos Contreras
En Nayarit, particularmente en Tepic, también hace aire, un aire no precisamente moral, más bien se trata de vientos inmorales que amenazan con arrastrar la carrera política de la alcaldesa Geraldine Ponce.
Por Jorge Olmos Contreras
Algo sucedió en los últimos 30 días al interior del Ayuntamiento de Puerto Vallarta para “destrabar” un “convenio conciliatorio” --que aprobó el pleno del Cabildo de la administración anterior que presidió el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez y concluyó como interino José Martínez—entre el ejido Valle de Banderas y el gobierno municipal, mediante el cual, la comuna se compromete a pagar 30 millones de pesos (de un total de 115 millones a 20 años) a los ejidatarios por la compra del área donde se ubican las canchas deportivas de Las Juntas.
Por Jocelin Delgadillo
No da una el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, a quien ahora se le ocurrió nombrar como “abogada” del despacho presidencial anexo, a Joanna Grisel Barraza Avilés, una estudiante de la carrera de derecho de la Universidad Vizcaya que se ostenta como abogada sin serlo.
Por Jorge Olmos Contreras
A 24 horas de que se celebre el Día Internacional de la Mujer, el Consejo de la Judicatura decidió cambiar a María Karina Dolores, juez de Control, Juicio Oral, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal Especializado en Violencia contra las Mujeres, luego de haber sido señalada de proteger a presunto abusador sexual y dejar desprotegidos los derechos de niñas y niños que fueron víctimas de abuso.
Por Jorge Olmos Contreras
Sin pedir permiso, ni avisar al presidente del Consejo de la Judicatura de Jalisco, magistrado José Luis Álvarez Pulido, funcionarios del reclusorio preventivo de Ixtapa y administradores de los nuevos juzgados civiles de Puerto Vallarta, cerraron el área de estacionamiento –que es público--, para hacer un negocio de 168 mil pesos mensuales aproximadamente, ya que están cobrando 30 pesos por vehículo que ingresa, así se trate de personas que laboran en la llamada “ciudad judicial”.