Por Jorge Olmos Contreras
Después de que en este espacio se publicó que la abogada Norma Alicia Rodríguez estaba involucrada en un embargo ilegal del hotel ‘Casa Pericos’ en Yelapa –en el municipio de Cabo Corrientes--, han surgido otras presuntas víctimas de esta profesionista, a quienes ha defraudado y supuestamente robado sus propiedades.
El caso del hotel ‘Casa Pericos’ es más grave de lo que parece, ya que ha surgido más información en torno a Blair Tyler Shurtleff, el mexicoamericano que este año fue despojado del inmueble que se ubica en la zona federal marítimo terrestre de Yelapa. Para tratar de obligar al señor Blair que les firmara documentos para entregar su propiedad sin oponer resistencia, le habrían enviado un grupo de 20 personas –entre los que presuntamente estaban dos policías de Cabo Corrientes, un agente del Ministerio Público y supuestos delincuentes—para detenerlo, sin que mostraran una orden de aprehensión, y llevárselo contra su voluntad a la cárcel municipal de El Tuito.
Por Jorge Olmos Contreras
El municipio de Bahía de Banderas prepara las bases para implementar un modelo de economía circular que permitirá privilegiar la prevención, reducción, separación, reutilización, recuperación, aprovechamiento y valorización de residuos y materiales antes de su disposición final, es decir, el manejo adecuado y disposición final de la basura.
Por Jorge Olmos Contreras
La ambición y la falta de ética de algunos abogados los lleva a cometer errores graves que, en ocasiones, rayan en lo ilegal; ya que para cometer abusos y atropellos forman camarillas compuestas por jueces, actuarios, ministerios públicos, policías y hasta magistrados, con tal de ganar casos que implican verdaderas fortunas.
POR ESTAFF/REDACCIÓN
Con la complicidad de jueces y diversos servidores públicos, el ciudadano Mexicoamericano, Blyer Tyler Shurtleff, fue despojado este año de su hotel ‘Casa Pericos’ que se ubica en la playa de Yelapa, dentro del municipio de Cabo Corrientes, donde una abogada de Puerto Vallarta utilizó un contrato de arrendamiento ilegal –con vigencia de 80 años—y un contrato de Asociación en Participación –de cuyos instrumentos se originaron supuestas deudas que superan los cuatro millones de pesos -- para “convencer” al juez cuarto de lo Mercantil, Francisco Ramón de la Cerda Medina, para embargar el inmueble y permitir que ahora esté ocupado por personas extrañas, encabezadas por un tal Romeo Tovar, quienes “cuidan” la propiedad.