POR EL STAFF DE VALLARTAUNO
Ignaro como a veces se comporta, el diputado federal Bruno Blancas Ramírez, se dejó manipular por la dupla formada por el abogado Max Lomelí (conocido ahora como Max Loperdí) y la periodista Susana Carreño, para montarse en una burbuja de oportunismo político y adoptar como suyo el problema jurídico de don Juan Ramírez López, el señor que perdió un juicio mercantil, el 136/2012 –por deudas económicas que acumuló cuando era adulto responsable—y cuya sentencia devino en el lanzamiento de su otrora casa, sito en la avenida Las Américas 455 de la colonia Lázaro Cárdenas.
Pero el legislador federal no solo permitió que lo manipularan los modernos Yagos de Puerto Vallarta, sino que también se dejó llevar por el canto de las sirenas (las súplicas aderezadas con mentiras de Las Lupitas) para comprometerse a presentar una iniciativa de ley a la que llamaría “Ley don Juanito”.
Aclaración: Les llamamos Yagos por el papel de Yago en la tragedia de Otelo, donde este personaje funciona como el motor del conflicto; como el manipulador central que maquina la destrucción de Otelo y Desdémona.
Pero bueno, querendón como lo es, el diputado Blancas accedió a los “consejos” de los Yagos de Vallarta, y adelantó que va a organizar mesas de trabajo para eventualmente presentar en la cámara de diputados una reforma al Código Federal (sic) para proteger a los adultos mayores, como en el caso del señor Ramírez López.
LA “PROPUESTA”
Al diputado le entregaron un escrito hecho con las patas y éste, muy en su papel de político que a todas va, cogió el documento, sin saber el fondo malicioso del asunto, es decir, no le dijeron exactamente al legislador todo el contexto del problema familiar de don Juan Ramírez.
Burro hasta las cachas, Bruno Blancas ni siquiera se molestó en saber la verdad del caso, solo se dejó envolver para discutir cuatro puntos esenciales que lleva el documento.
A saber:
1.- Modificación del Código Federal para obligar a los Notarios Públicos a incluir una cláusula especial de Usufructo Vitalicio y sus frutos de manera oficiosa y bajo pena de responsabilidad en favor del donante, evitando que este quede desprotegido o en la calle por donaciones de mala fe o ingratitud.
2.- Reforma a la Ley en materia Notarial para retirar el FIAT a aquellos notarios que incumplan con esta disposición.
3.- Modificación de la Ley de Procuraduría Social para que esta institución asista obligatoriamente en emplazamientos a adultos mayores y personas con discapacidad cuando se pretenda modificar su situación patrimonial.
4.- Adaptación del Código de Procedimientos Civiles para establecer como obligación la presencia de la Procuraduría Social y una persona de confianza (hijos, cónyuges y/o tutores) en cualquier emplazamiento que involucre a adultos mayores y personas con discapacidad para salvaguardar sus bienes.
EL “USUFRUCTO VITALICIO”
La propuesta no está mal si se trata de proteger a los adultos mayores en casos específicos. Desgraciadamente –aquí entran otra vez los Yagos de Vallarta—en el caso de don Juan Ramírez no aplica ninguno de los cuatro puntos indicados en el documento que le dieron a Bruno Blancas.
De entrada, no hubo una donación de mala fe en este caso, sino que el 06 de diciembre del 2018, don Juan Ramírez, donó a su esposa --de manera pura y simple—la finca en comento; mientras que el 13 de diciembre del mismo año, la doctora Ihara Maday Rodríguez y su abuela materna, María Antonia de Jesús Edmunda, celebraron un convenio de dación en pago, mediante el cual se transmitió la propiedad del predio en conflicto a la nieta, en este caso a Ihara Maday.
Luego entonces, no hay mala fe.
Sin embargo, una cláusula de “usufructo vitalicio” sería formidable, siempre y cuando no se trate de personas que en su juventud y edad adulta responsable le dieron rienda suelta a su estilo de vida (verbigracia, uno de los hijos de don Juan, que se daba vida de millonario y prácticamente quebró la empresa de venta de libros del papá), se llenaron de deudas, comprometieron (hipotecaron) su patrimonio y cuando alcancen la condición de adulto mayor (a los 65 años) quieran que los rescaten, les perdonen sus drogas y prácticamente que los purifiquen.
Pero bueno, quizás Bruno Blancas desee en lo profundo de su alma que una iniciativa de esta naturaleza sea aprobada por el Congreso de la Unión y los gobiernos estatales, toda vez que sería un salvoconducto para el propio diputado para no pagar sus deudas una vez que cumpla los 65 años (ya casi), pues hay que recordar que su otrora amigo –el exregidor Cecilio López Fernández, que también fue diputado federal suplente de Bruno—le gritó en pleno malecón (mientras Bruno hacía campaña por segunda vez) que pagara sus deudas.
LA PROCURADURÍA SOCIAL
Por otra parte, en uno de los puntos de la “propuesta” de ley se indica que debe ser obligatorio que la Procuraduría Social asista en emplazamientos a adultos mayores, y que esté una persona de confianza (hijos, cónyuges y/o tutores) en cualquier emplazamiento que involucre a estas personas.
En este sentido, como lo señalamos en otro artículo, la Procuraduría Social siempre estuvo al pendiente de este caso, al grado que en el amparo que perdió el abogado Max Lomelí, el juez de distrito ordenó dar vista al Agente de la Procuraduría Social, a fin de que pronunciara, lo que a su representación social correspondiera sobre este asunto.
Y tras una visita domiciliaria, que tuvo como objetivo ver las condiciones sociales y económicas de don Juan, el Agente concluyó lo siguiente:
"Mediante la información recabada, se concluye que el adulto mayor no se encuentra en situación de vulnerabilidad o desventaja que afecte sus derechos, toda vez que ha tenido representación legal durante el procedimiento, así como también cuenta con redes de apoyo (hijos), quienes velan por sus intereses y quienes cuidan de él".
LOS YAGOS DE VALLARTA
Bajo este escenario, es claro que Bruno Blancas cayó en la trampa de la dupla Lomelí-Carreño (más las Lupitas) quienes actúan de mala fe, siembran dudas, no presentan pruebas reales y pareciera que usan debilidades ajenas para arruinar vidas (con decirles que este caso ya escaló a niveles graves, en virtud de que dejaron una corona de muertos en el domicilio de la doctora Ihara Maday, que podría interpretarse como amenaza de muerte).
Lo peor es que ellos –los manipuladores—saben perfectamente cómo está el caso, pero han preferido presentar hechos sueltos, inconexos, y partir de tergiversaciones. Es decir, pareciera que, a propósito, calculan y manipulan los modos de pensar y de actuar de algunas personas para que se vuelquen contra una mujer y formen un tribunal mediático en el que nadie tiene derecho a defenderse, sino que tal vez desean que su objetivo sea quemado en la hoguera.
En resumen, lo que no pueden ganar en el terreno jurídico, lo quieren hacer valer con tribunales mediáticos, incluso utilizando diputados ignaros, pero oportunistas, como Bruno Blancas.