Anunciando públicamente su registro como precandidato a presidente municipal que en tiempo y forma realizó al interior de Movimiento Ciudadano, el empresario Adrián Guerra consideró un éxito como equipo y sociedad bahiabanderense este paso para consolidarse rumbo a la presidencia de Bahía de Banderas.

Fehaciente expresó que \"siempre de la mano logramos caminar más lejos\" además de agradecer a los simpatizantes que sin parar se han seguido sumando al \'proyecto de todos\' que hoy abandera a través de Movimiento Ciudadano, expresó el empresario Adrián Guerra.

\"Oficialmente su servidor, Adrián Guerra, soy el precandidato único por la presidencia municipal de Bahía de Banderas por el partido Movimiento Ciudadano\", contundente anunció añadiendo su reconocimiento a la ciudadanía que confía sin lugar a dudas y que cansada de lo mismo ahora sí le apuesta a una persona que ya conocen y de quien saben nunca les ha fallado. 

Asimismo en su primer día como precandidato por la presidencia de Bahía de Banderas por Movimiento Ciudadano, Adrián Guerra no dejó fuera del agradecimiento a sus colaboradores que también le respaldaron con su trabajo de equipo en este proceso y trámite, personas que también se distinguen por comprometidas.

Al texto, el oficio de registro de la precandidatura, dicta:

“Oficio: N. SA/030/2014

Lic. Sergio López Zúñiga

Consejero Presidente

Instituto Estatal Electoral de Nayarit

Presente:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118, fracción IV, de la Ley Electoral de Nayarit, comunicamos a usted y al órgano que preside, que una vez realizados los dictámenes de procedencia de registro de los precandidatos que participarán en el proceso interno de elección y selección de candidatos de Movimiento Ciudadano en el Estado de Nayarit, anexo el presente escrito, encontrará de manera impresa y en medio magnético los nombres de las personas registradas.

Lo anterior para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para expresarle la seguridad de nuestra distinguida consideración.

Atentamente

Por México en Movimiento

Por Jorge Olmos Contreras

La regidora Doris Ponce Aguilar es una mujer que logra lo que se propone cuando utiliza el chantaje de por medio para obtener prebendas y canonjías de parte del presidente municipal, tal y como sucedió durante la Semana Santa, donde le dieron manga ancha para que hiciera negocios con los permisos de venta de cerveza en las playas de Puerto Vallarta.

Aprovechando ciertos recovecos legales y la ausencia de decenas de concesionarios de la zona federal marítimo terrestre, Doris Ponce Aguilar permitió que se instalasen pequeños puestos y carpas que estuvieron vendiendo cerveza a todo el turista o paseante que anduviera en las playas.

Cabe precisar que Doris Ponce es la titular de la Comisión de Reglamentos al interior del Ayuntamiento, por lo que tiene contacto directo con el Jefe de Reglamentos, Jorge Quintero Alvarado, por lo que puede maniobrar a la perfección para otorgar permisos verbales de venta de productos en donde sea, como en las playas, sin que nadie moleste a quienes se benefician con los favores de la edil del Movimiento Ciudadano.

Es tan simple como entregar una lista de los agraciados con  los que Doris Ponce pudo haber hecho negocios debajo de la mesa, y pedirle o casi ordenarle al Jefe de Reglamentos que no moleste a los dueños de los puestos que ella le señale.

Así pudieron operar al margen de la ley decenas de puesteros que hicieron su agosto en pleno abril durante la Semana Santa, de ahí que se observaran tal cantidad de negocios con venta de cerveza para llevar, por lo que la regidora está obligada a dar una explicación pública o al menos dar un informe pormenorizado de cuántos permisos se dieron por escrito y cuántos verbalmente, y sobre todo, quiénes fueron los beneficiados y cuánto se cobró por cada favorcito.

Aquí habría que preguntarles a los regidores quién de ellos se apunta para cuestionar a su compañera del pleno por la proliferación de puestos con venta de bebidas alcohólicas.

Y como señalamos líneas arriba, Doris Ponce recurrió al chantaje para que el alcalde Ramón Guerrero le diera amplio margen como presidenta de la Comisión de Reglamentos y manejara a su antojo la venta de permisos, pues ni la Oficial Mayor de Padrón y Licencias, Iris Ulloa pudo intervenir para autorizar o prohibir tales autorizaciones.

El chantaje fue muy sencillo: Doris Amenazó con declararse regidora independiente o retirarle el voto a Ramón Guerrero en las próximas sesiones de Ayuntamiento, si no le cumplían con lo que pedía, es decir, manejar a discreción la venta de permisos en las playas.

Pero si Doris Ponce habría hecho negocios con dichos permisos verbales, el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Jalisco, Sergio Hernández González no se quedó atrás, y por increíble que parezca, también otorgó permisos para le venta de cerveza en las playas de Puerto Vallarta para la venta de cervezas.

Sergio Hernández González –ex regidor de la Comisión de Ecología en Zapopan—hizo a un lado al encargado de la oficina de la Semarnat en Vallarta, Julio César Juez Ruiz, para extender y firmar permisos durante la Semana Santa.

Tenemos conocimiento que “regaló” esos permisos a ciertas personas que tienen que ver con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que violando el espíritu del artículo 115 constitucional, desconoció al gobierno municipal para autorizar dichos permisos.

La polémica se armó en grande cuando los inspectores del Ayuntamiento quisieron clausurar los puestos autorizados por el funcionario federal y en minutos comenzaron a llegar llamadas al teléfono celular del Jefe Jorge Quintero para advertirle que se metería en problemas si cerraba estos negocios.

La mayoría de esas llamadas fueron de políticos identificados con el PRI, incluso le recordaron a Arturo Gradilla Ulloa –quien labora en esa área—que la Semarnat podía autorizar cualquier concesión de venta de mercancías o productos en la zona federal, como en las playas.

A Jorge Quintero le recordaron que además la regidora Doris Ponce había autorizado permisos verbales y que la Dirección de Inspección y Reglamentos no había hecho nada para impedir la venta de cerveza. Y además, que qué le parecería si llegaran inspectores federales de Semarnat y quisieran clausurar los puestos de playa que ellos no habían autorizado.

Total que el negocio se hizo desde dos vías, los permitidos por Doris Ponce Aguilar y los que firmó el delegado estatal de la Semarnat, el contador Sergio Hernández González, además de los que se habrían autorizado legalmente y cuyo dinero entró a la Tesorería Municipal.

Sin embargo, se desconoce cuántos permisos se autorizaron mediante recibos o documentos oficiales y cuánto dinero ingreso a las arcas municipales por este concepto.

Por el momento, el secretario nacional del medio ambiente, Juan José Guerra Abud debería tener mucho cuidado y vigilar de cerca lo que está haciendo su delegado en Jalisco, quien se atreve incluso a firmar permisos de venta de cerveza en las playas de Puerto Vallarta.

Sergio Hernández González ha sido muy cuestionado por su nombramiento al frente de la Semarnat Jalisco, se dice que fue impuesto por el diputado federal del Partido Verde, Enrique Aubry de Castro Palomino y que como contador público no reúne las características profesionales para dirigir la política del medio ambiente en la entidad.

De la regidora Doris Ponce no hay mucho que decir, ella siempre se ha dirigido por el camino chueco, así lo hizo con los permisos de puestos en las pasadas peregrinaciones y lo vuelve a hacer con los de venta de cerveza en Semana Santa.

Dos funcionarios, sin duda, deshonestos.

Por Jorge Olmos Contreras

Otro negocio está en puerta al interior del Ayuntamiento debido a la actuación de malo servidores públicos que llevan a cabo acciones para su beneficio personal sin que el presidente municipal, Ramón Guerrero Martínez esté enterado, o al menos eso se piensa. Se trata del fraccionamiento privada residencial “Los Olivos”, ubicado justo atrás de “Las Moras” y que colinda con la colonia Villas del Puerto.

Este fraccionamiento, dirigido por el arquitecto Eduardo Iñiguez, estaba proyectado para construir 60 casas habitación supuestamente de primera calidad de 18 metros cuadrados, pero luego de que fueron descubiertos por funcionarios municipales abriendo un acceso que afectó el área verde de Villas del Puerto, el número de casas aumentó a 64.

Se presume que el desarrollador negoció cuatro casas para obsequiarlas a cuatro funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento, aunque eso se está investigando por parte de regidores del Ayuntamiento.

Los vecinos de Villas del Puerto están inconformes porque este fraccionamiento “Los Olivos” –cuyo gerente de ventas es Martín “El Pelón” Vázquez, un distinguido priista—no ha entregado sus áreas de donación y se ha aprovechado de las áreas verdes de Villas del Puerto Vallarta para decir que son de “Los Olivos” y que por lo tanto ya cumplieron con el requisito de ley.

Sin embargo, está claro que las áreas verdes usurpadas por “Los Olivos” y además invadidas, pertenecen a Villas del Puerto, cuyos colonos ya han tenido varias juntas con personal del Ayuntamiento y con los propios desarrolladores de “Los Olivos” para que respeten la zona que es de Villas del Puerto.

Para calmar a los vecinos de Villas del Puerto, tanto funcionarios municipales como los representantes de “Los Olivos” les prometieron que para reparar el daño de haber abierto un acceso ilegal –que será la entrada y salida de vehículos al fraccionamiento “Los Olivos”--, les van a arreglar la calle Mismaloya, pero las cosas siguen igual y la avenida está peor que nuca.

“De repente aparecen camionetas del Ayuntamiento para rellenar con arena algunos baches, pero la calle está para llorar”, dice una vecina indignada y agrega: “Lo que queremos es que se respete nuestra área verde y que ellos, los de “Los Olivos” hagan entrega oficial de la suya, pues sus áreas verdes están dentro del coto, no son públicas y en  vez de hacer otra entrada y salida, derribaron un muro para hacer una calle que dañó lo que era nuestro parque o zona de esparcimiento”.

Por Jorge Olmos Contreras

Los policías Alberto Figueroa y Gerónimo Castro de la Patrulla 242 no quisieron hacer nada, ni siquiera un reporte completo, de la agresión que sufrió un ciudadano en el fraccionamiento Los Sauces la semana pasada, cuando el abogado Sergio René Tovar Romero sacó de su casa un cuchillo para apuñalar a la mascota del vecino, sólo porque se había peleado con su perro.

Los gendarmes ni siquiera le dieron importancia al hecho, pues se trataba de un perro muerto que había sido asesinado por el abogado en mención, por lo que sólo tomaron los datos de la persona que reportó la agresión al 060 y se retiraron del lugar.

Los hechos ocurrieron en Los Sauces, donde hubo una pelea entre dos canes, pero Tovar Romero, con lujo de prepotencia, sacó un arma blanca para dar muerte a la mascota del vecino y luego se fue a ocultar a su casa al ver que había matado al perro.

Al momento en que llegó la patrulla, el abogado, muy cobarde, quiso remediar las cosas, le decía al propietario del perro, de nombre Pablo, que le daba en ese momento cinco mil pesos para que ya no hubiera problemas, pero Pablo no aceptó el dinero, le dijo que lo que había hecho no estaba bien, pero los policías, en vez de cumplir con su labor y llevarse detenido al agresor, lo dejaron ir y se marcharon como si nada hubiera pasado.

Sergio René Tovar se hizo ojo de hormiga, ya ni salía de su casa, pero después los vecinos supieron que presuntamente los había denunciado –a los dueños de la mascota muerta—en la Fiscalía Regional porque pensaba que lo querían matar, lo cual sólo es un argumento leguleyo para asustar a los propietarios del can asesinado y que no procedan en su contra.

Por ahora el abogado la libró, pero va a quedar asentado ante la opinión pública se fama de “mata perros” y su prepotencia aprovechando que es abogado y que tiene relaciones en los juzgados locales.

Hay que recordar que ya hay una iniciativa en el Congreso del Estado para incluir una penalización por maltrato animal y que contempla prisión de tres meses a tres años y multas de 50 a 200 días de salario mínimo a quien ponga en riesgo la vida animal.

Si ya estuviera reformado el Código Penal, el abogado tendría que ser llamado a cuentas por el Ministerio Público, aunque se sabe que el vecino afectado pondría una denuncia por estos hechos.