La propietaria del River Café y actual presidenta de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Puerto Vallarta, Evangelina Sánchez Dueñas, está metida en un lío judicial desde hace cinco años, tiempo en que se asoció con el empresario Antonio Galindo Ochoa para que éste le surtiera camarón y otros mariscos desde Sinaloa a una bodega de la colonia La Vena, pero en el proceso la señora lo habría defraudado, cometido un presunto desfalco en agravio de su socio y además se ha negado a liquidarle el reconocimiento de un adeudo que asciende a 700 mil pesos.

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Por Jorge Olmos Contreras

Evangelina Sánchez es una dama de sociedad en Puerto Vallarta, todos la conocen, con frecuencia su restaurante que se ubica en la isla del río Cuale es visitado por políticos, empresarios, periodistas, artistas, deportistas y turistas distinguidos, pero pocos se imaginan que detrás de esa señora de sonrisa bonachona se esconde una mujer fría y calculadora, que no se la pensó dos veces para presuntamente desfalcar a un hombre que había depositado toda su confianza en ella y que al final sólo se aprovechó de las circunstancias para tomar dinero y productos ajenos en agravio de su víctima.

Esta es la historia de un presunto desfalco, un abuso y un despojo cometido por Evangelina Sánchez en contra de Antonio Galindo Ochoa, quien la demandó por la vía civil ordinaria en el Juzgado Primero de lo Civil, --según expediente 498/2013-- en donde por extraño que parezca, el pasado 24 de enero el secretario de acuerdos, Jorge Luis Moreno Escobar y la juez, Lourdes Angélica Delgado Álvarez dictaron una resolución en contra del demandante para proteger a Evangelina.

Sin embargo, el 10 de febrero la defensa de Galindo Ochoa apeló y el caso será ventilado en los próximos días en una de las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), donde los magistrados van a deliberar sobre esta resolución que tiene tintes de atentar contra el marco del derecho, sostiene el abogado defensor del afectado, ya que presentó en tiempo y forma pruebas suficientes de cómo Evangelina Sánchez lo habría desfalcado y despojado de su mercancía, hechos que además fueron constatados por testigos, entre otros quien fue administrador de la bodega, Guillermo N.

El Consejo de la Judicatura está obligado a investigar lo que sucede en el Juzgado Primero de lo Civil en Puerto Vallarta, ya que el abogado de Evangelina Sánchez es Vicente Carrillo, quien también fue juez civil en este puerto y que fue inhabilitado por 10 años para ejercer la función pública por un caso de corrupción de facturas de automóviles. Este señor es íntimo amigo del secretario de acuerdos, Jorge Luis Moreno y de la propia juez, Lourdes Angélica Delgado, de ahí que al parecer se hayan confabulado para perjudicar a Antonio Galindo Ochoa dándole palo en su demanda y además condenándolo al pago de gastos y costas del juicio civil ordinario.

CHICANADAS

Pero no sólo eso, en el proceso del caso que lleva ya cinco años, al empresario camaronero le “traspapelaron” el expediente cuando el juicio estaba radicado en el Juzgado Tercero de lo Civil, donde despachaba otro juez,  Jesús Carlos de Anda, con la clara intención de que no presentara un recurso de inconformidad en tiempo y forma.

Para Galindo Ochoa, Evangelina Sánchez es una “vaquetona” que se ha atrevido a decir que “no me debe nada, cuando ella misma me pagó 350 mil pesos para que me desistiera de dos denuncias penales” que interpuso contra la presidenta de la Canirac, dice en entrevista.

Toda esta historia comenzó en el 2010, tiempo en que Refugio Ramón Trujillo, un albañil le presentó a Antonio Galindo a Evangelina Sánchez para establecer una sociedad e instalar una bodega en la colonia La Vena para guardar camarón y comercializarlo. Al empresario le agradó la idea y de entrada invirtió 300 mil pesos para arrancar el negocio, por lo que hizo dos envíos de camarón por más de un millón de pesos desde Sinaloa.

Después trajo cabrería, callo de hacha y otros productos marinos y dejaban todo a cuidado de “Memo”, pero Evangelina estaba a cargo de la bodega y descuidó todo, incluso dos muchachos que trabajan ahí fueron descubiertos con faltantes de 180 mil y 130 mil pesos respectivamente –uno de ellos todavía anda huyendo-- y con el paso del tiempo, Evangelina nunca entregó cuentas claras, hasta que Antonio Galindo le reclamó que le pagara todo lo que había invertido, pero la señora sólo firmó un papel con su puño y letra donde reconoce un adeudo por 700 mil pesos.

JUZGADO PROTEGE A VICTIMARIOS

Con estas y otras pruebas, la demandaron, pero el Juzgado Primero torció todo y protegió a Evangelina, de ahí que la defensa de Antonio Galindo haya presentado el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada el 24 de enero pasado

De acuerdo con el documento, al que VALLARTA UNO tuvo acceso, el abogado de Galindo Ochoa reclama como primer agravio en contra de su cliente “la ilegal y arbitraria resolución por haberse dictado contraria a derecho y a las pruebas desahogadas, como el testimonio y confesión de la demandada, con lo que se violó el principio regulador de la prueba en perjuicio del demandante, pues quedó debidamente acreditado el reconocimiento de adeudo de parte de Evangelina Sánchez”.

Asimismo, indica que una de partes medulares “de la ilegal y arbitraria resolución, se desprende de que en el Juzgado cambiaron el sentido del texto inicial de la demanda que se ofreció como “documental privada” y que es un escrito con copia certificada del 05 de octubre del 2010, donde se señala que un local de la calle Mérida 278 de la colonia La vena se reunieron Evangelina Sánchez Dueñas, Antonio Galindo Ochoa Muza, Paul Estrada Hernández y Luis Carlos Rivas, con el objeto de aclarar los adeudos, entradas y salidas del congelador a cargo de Evangelina y queacordaron lo siguiente: que le adeudaban a Galindo Ochoa 979 mil pesos, firmando de conformidad todos los comparecientes”.

 

Sin embargo el texto original que ofertó la defensa reza textualmente: “Documental privada, consistente en la carta de reconocimiento de adeudo firmada de su puño y letra por Evangelina Sánchez Dueñas, probanza con la que acredito que aun cuando la hoy demandada firmó por la cantidad de 646 mil 280 pesos, omito reclamarle los 300 mil que me pagó extrajudicialmente”.

 

CAMBIAN TEXTOS

 

Esta prueba la relacionó la defensa con todos y cada uno de los hechos de la demanda, “puesel juez transcribió erróneamente, cambiando el sentido de la prueba ofrecida en términos de ley”.

 

“Lo anterior es así --explica el abogado defensor--, porque aun cuando el documento base de la acción que se exhibió en copia debidamente certificada, es un reconocimiento de adeudo de la demandada por 646 mil 280 pesos, omito cobrarle los 300 mil pesos que me pagó extrajudicialmentey que reconocí de buena fe desde la presentación de mi escrito inicial de demanda, por concepto de un préstamo que le hice a la misma”.

 

“Sin embargo, reconoció plenamente su adeudo ante la presencia de varios testigos y en audiencia de ley ante la presencia judicial, testigos que comparecieron a ratificar que Evangelina Sánchez reconoció plenamente su adeudo para con el suscrito, lisa y llanamente, sin objetar, ni aclarar absolutamente nada al respecto al momento de estampar de su puño y letra su firma autógrafa”.

 

“Luego entonces –añade--, a pesar de ser tan claro el documento base, el Juez omite darle el valor probatorio pleno, donde se acredita que Evangelina debe 346 mil 280 pesos y no 640 mil 280 que el juzgador establece en la resolución que se impugnó”.

 

“Es extraño que la juez haya cambiado el texto original de la prueba documental, lo que sin duda cambia el sentido de la misma en perjuicio de Galindo Ochoa, ya que si bien es cierto que los juzgadores no están obligados a reproducir textualmente los escritos de las partes, para evitar repeticiones innecesarias, también lo es que se encuentran impedidos legalmente cambiar o modificar el sentido de los textos al pretender reproducirlos en sus resoluciones, violando con ello el principio de equilibrio de las partes, lo cual a todas luces es ilegal”, subraya la defensa de Galindo.

 

MAS TRABAS

 

Asimismo, agrega, “la juez resolvió que el documento, que fue compulsado con su original, resultó insuficiente para demostrar el perjuicio, ya que lo valoró presuncionalmente”.

 

No obstante, para el abogado el documento al ser compulsadosurte todos sus efectos legales y por lo tanto tiene pleno valor probatorio, “pero el juzgador omitió el principio regulador de la prueba, aun cuando fue reconocido plenamente por la demandada haber firmado el reconocimiento de adeudo, en forma voluntaria, sin coacción alguna y ante la presencia de sus trabajadores y varios testigos también firmantes y deudores”.

 

En el proceso, fue interrogada Evangelina Sánchez y en la sesión de preguntas y respuestas cayó en varias contradicciones.

 

LAS CONTRADICCIONES

 

Primero dijo que en efecto, se reunió con Antonio Galindo el 05 de octubre del 2010 estando presentes Paul Estrada Hernández y Luis Carlos Rivas Modad, para aclarar los adeudos que tenían con el señor Galindo Ochoa.Que firmó un documento“porque era como un valor de inventario, una hojita a mano que hicieron ahí mismo”. Que la firma que se encuentra en el documento es la que usa habitualmente. Y que ha sido omisa en realizar dicho pago a pesar de múltiples requerimientos.

 

Luego, dijo que no eracierto que tenía bajo su responsabilidad el camarón propiedad de Antonio Galindo. Negó haber reconocido deber 646 mil 280 pesos, “que no era adeudo”, puntualizó.

 

De la lectura anterior, asevera Antonio Galindo a través de su abogado, Evangelina Sánchez se encuentra confesa de haber firmado el reconocimiento de adeudo por 646 mil 280 pesos, de los cuales le reclamaron únicamente 346 mil 280; y de haber sido omisa en realizar dicho pago.

 

Por ello, concluyen que Evangelina sí debe 346 mil pesos mismos que se ha negado pagar a pesar de los múltiples requerimientos

 

Por todo esto, piden que la sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que revise el caso revoque la sentencia definitiva y condene a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas por 346 mil 280 pesos, más gastos y costas que ella originó al no pagar su adeudo a Antonio Galindo.

 

Sin rendición de cuentas claras a la Asamblea, retiros y depósitos millonarios cuyo origen y destino se desconocen y cheques emitidos por grandes cantidades de dinero que no coinciden con el talonario de la chequera de la cuenta bancaria del ejido, son parte de los malos manejos que se registraron en el núcleo ejidal durante la presidencia de Jorge Mendoza Bernal, quien ya está de regreso y dirige nuevamente las riendas del ejido Las Juntas, pese a protestas de un grupo que no lo quiere por el alto grado de corrupción que imperó durante su anterior gestión.

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Por Jorge Olmos Contreras

Jorge Mendoza Bernal es un tipo que no tiene de qué preocuparse para allegarse dinero, pues en el ejido Las Juntas encontró una auténtica mina de oro que le da para gastar a raudales, pero en detrimento del patrimonio ejidal, tal y como lo demuestra una auditoría que se incluyó en el juicio agrario número 634/2010 del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Tercer Distrito con sede en Guadalajara, y en donde se concluye que hay un desfalco descomunal durante la anterior presidencia del comisariado ejidal que le tocó presidir a Mendoza Bernal y que por increíble que parezca, ya está de regreso y dirige otra vez las riendas del ejido Las Juntas.

De acuerdo con la auditoría que realizó el despacho de contadores José Becerra Mejía que tiene 12 años de años de experiencia en el área de auditoría financiera y fiscal –y cuyo documento tuvo acceso VALLARTA UNO--, es factible que se tenga un detrimento al patrimonio del ejido en sus fondos y finanzas “el cual no es posible cuantificar”, por la razón de que no se proporcionaron los documentos en los cuales se muestren la correcta contabilidad de las operaciones del ejido Las Juntas.

Sin embargo, el contador José Becerra, en sus observaciones al manejo financiero del ejido, descubrió que Jorge Mendoza Bernal mintió en la asamblea del 18 de diciembre del 2010, ya que dijo haber entregado 337 mil 480 pesos, más el saldo total de los ingresos del Taxi por 83 mil 988 pesos, es decir, 421 mil 468 pesos al nuevo comisariado, pero en la primera asamblea de la nueva mesa directiva, sólo se contabilizaron 55 mil 950 pesos, resultando una diferencia de 365 mil 518 pesos.

Asimismo, la anterior mesa directiva a cargo de Jorge Mendoza, entregó al comisariado vigente en el 2011, dinero que está resguardado y que es propiedad de Miguel Ángel Vélez Cruz por 229 mil 436 pesos, pero que se desconoce su origen, no se sabe de dónde salieron y no se dio acceso a las actas de anteriores asambleas para verificarlo.

En este sentido, también Jorge Mendoza hizo entrega del fondo común del ejido por cuatro millones 837 mil 826 pesos, de dicha cantidad sólo se etiquetó un millón de pesos para escriturar la unidad deportiva ejidal, quedando tres millones 837 mil 826 pesos, misma que se concentró dizque para el reparto de utilidades a todos los ejidatarios, pero “no se hace mención en los cortes de tesorería si dicho recurso fue repartido entre los ejidatarios y no se proporcionó copia del documento que justifique dicho reparto”.

LA CUENTA BANCARIA

Por si esto fuera poco, el 23 de mayo del 2011 se aperturó la cuenta 00686134844 en Banorte y de entrada ese día se depositó un millón 489 mil 554.20 pesos; y al día siguiente 24 de mayo, se retiró la misma cantidad con cheque de caja, sin embargo, el informe de Tesorería correspondiente a la Asamblea del 29 de mayo, no se hace mención de dicho ejercicio ni de dónde vienen los recursos ni en qué se erogaron.

Para el 30 de agosto del 2011, se registró un depósito por 611 mil 715.84 pesos realizado vía SPEI por Aldi Roxana Vanegas Robles, pero se ignora a qué se debe dicho ingreso, pues Jorge Mendoza no quiso o no pudo proporcionar las actas de Asamblea.

Luego, en diciembre del 2011 se registró otro depósito representativo por 500 mil pesos vía SPEI de la empresa RGL Arrendadora de Inmuebles S. A. de C. V. con registro federal de contribuyentes RAI-081002-GLO por concepto de cuenta a pago de terceros, pero en la asamblea de enero del 2012 (ya que en diciembre 2011 no hubo asamblea) no se menciona dicho ingreso en el reporte que hace la Tesorería.

En el mismo mes de diciembre del 2011, se cobró el cheque número dos por un millón de pesos y revisando los talones de la chequera, dicho cheque es por 500 mil pesos y no tiene concepto del por qué se retiró el recurso.

NO COINCIDEN RETIROS CON LOS TALONARIOS

Ahora bien, a partir del estado de cuenta bancario de junio del 2012, se maneja una inversión por 500 mil pesos, pero tampoco se hace mención en la Asamblea dentro del reporte mensual de la Tesorería.

Las irregularidades son tantas con el manejo del dinero, que en el mes de agosto del 2012 se hace otro retiro por 500 mil pesos del cheque número uno, cobrado el día dos, pero en el talón aparece la cantidad de un millón de pesos, por lo que los talones de cheques traen inconsistencias; en este caso, tampoco se hace mención en qué se gastó dicho recurso.

Para el 14 de noviembre del 2012, se cobró el cheque número seis por 160 mil pesos, pero revisando el talón de la chequera, aparece en blanco,  y el que aparece con dicha cantidad es el número cinco, expedido en favor del señor Felipe Andrade, con el concepto “para pagar lote que vendió el ejido”, sin especificar más detalles.

EL COCHINERO

La falta de higiene en el manejo financiero del ejido Las Juntas es tal, que de la auditoría se desprende que incluso los Impuestos de los Depósitos en Efectivo (IDE) de los meses de septiembre a diciembre del 2011 por cuatro mil 520 pesos, no aparece el retiro por parte de Banorte, sin embargo, en la constancia que expide el Banco, no aparece como pendiente de pago, “lo cual indica que dicho impuesto fue cobrado en otra cuenta bancaria que se tiene ligada a la del ejido”.

Lo anterior, a pesar de que el comisariado “me entregó estado de cuenta de bancos de la única cuenta que manejan, y me comentó que no operan cuentas bancarias adicionales”, señala el contador en su análisis.

Caso similar sucede con el IDE de los meses de enero a abril del 2012, el que asciende a cuatro mil 571 pesos, ya que en las constancias del Banco no aparecen como pendientes de pago y en sus respectivos estados de cuenta bancarios no se tienen los retiros por IDE de cada mes, es decir, parece que también hay una grave evasión fiscal.

En sus conclusiones, el contador José Becerra sostiene que derivado de las actas de asamblea que le proporcionaron el comisario Ludgerio López Amaral, el secretario Victoriano García Román y la tesorera María de los Ángeles Mendoza Rosas, no se mostraron los comprobantes que justifiquen las erogaciones ya mencionadas (durante la presidencia de Jorge Mendoza Bernal), “por consiguiente, no me es posible aseverar que sean gastos reales”.

Respecto al manejo y transparencia de los ingresos y egresos del ejido, no están claros debido a que no se informa en su totalidad a la Asamblea sobre los manejos de sus fondos o finanzas en forma adecuada, puntualiza Becerra Mejía.

Y advierte: “De acuerdo a lo encontrado en la revisión sobre la poco y limitada información, es factible que se tenga un detrimento al patrimonio del ejido en sus fondos y finanzas, el cual no es posible cuantificar”.

En el Ejido las Juntas parece haber un cacicazgo de parte de Jorge Mendoza Bernal –quien hasta puso a su nombre la camioneta suburban del núcleo ejidal--, ya que no obstante los señalamientos del mal manejo de los recursos del ejido, fue elegido recientemente para presidir de nueva cuenta el Comisariado Ejidal, donde volverá a disponer a su gusto del dinero y las cuentas bancarias que se supone es de todos los ejidatarios.

Por otra parte, en cualquier momento podría originarse una investigación por parte de de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para verificar cómo es que el presidente del ejido, Jorge Mendoza Bernal durante su anterior gestión, estuvo haciendo transacciones financieras con un narcotraficante que purga su condena en el penal de Tepic, de nombre Bruno Arreola García (a) “El Gato”, quien además es miembro distinguido del ejido Las Juntas.

Existen grabaciones de las Asambleas –que se exhibirán en otro escrito-- en donde se menciona reiteradamente a Bruno Arreola, de ahí la sospecha del lavado de dinero en dicho núcleo ejidal.

Nadie sabe cuándo ni cómo llegó a Vallarta Antonio Copela –cuyo verdadero nombre es John Aurelio Cuda--, ni por qué pasó desapercibido entre la sociedad, el sector inmobiliario y de tiempos compartidos un criminal de su calaña, quien sólo vino a este destino turístico a seguir delinquiendo y a defraudar a decenas de personas con ventas de condominios fantasmas cuyo proyecto era puro aire y que terminó a medias, como el desarrollo Belaire ubicado en Marina Vallarta. Lo peor es que desde el Ayuntamiento le entregaron licencias y permisos para operar y así maquinar sus fraudes.