Por Jorge Olmos Contreras
La ambición y la falta de ética de algunos abogados los lleva a cometer errores graves que, en ocasiones, rayan en lo ilegal; ya que para cometer abusos y atropellos forman camarillas compuestas por jueces, actuarios, ministerios públicos, policías y hasta magistrados, con tal de ganar casos que implican verdaderas fortunas.
En Puerto Vallarta se tienen bien identificadas a tres abogadas que recurren a prácticas deshonestas para despojar de costosos inmuebles a sus dueños y la vez echarse cientos de miles de pesos a la bolsa con juicios bien “arreglados” en los que figuran jueces cuya reputación no es buena en el mundo judicial.
Un caso específico que podría encuadrar en este escenario es el de la abogada Norma Alicia Rodríguez Ibarra y el juez 4to de lo mercantil, Francisco Ramón de la Cerda Medina, quienes son los actores principales de un embargo –a todas luces ilegal—en Yelapa, municipio de Cabo Corrientes.
Nos referimos sí, al caso del hotel Casa Pericos, en cuyo juicio el juez de la Cerda ignoró completamente los autos en los que se le hacía saber que este inmueble está en una zona federal y que su operación y construcción obedece a un permiso otorgado por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, a favor del Mexicoamericano, Blair Tyler Shurtleff.
LA JUEZ DE EL TUITO, EMBARRADA
No obstante, el embargo del hotel –como lo dimos a conocer en otro artículo--, estuvo plagado de irregularidades y fue ejecutado por la juez menor de El Tuito, Esthephany Jocelyn Plácito Ponce, con la ayuda –siempre hostil y prepotente— de dos policías municipales de Cabo Corrientes.
Por ello, los abogados de los propietarios del hotel Casa Pericos, Blair Tyler Shurtleff y Shane Paul Hayward, acudieron al Consejo de la Judicatura de Jalisco para exigir, mediante la respectiva queja administrativa, la destitución de los servidores públicos involucrados en el embargo y despojo del inmueble ubicado en calle Huachinango número 51 de la Colonia la Puntilla, en Yelapa.
De acuerdo con la queja, los abogados de las víctimas aseguran que las conductas que se denuncian constituyen faltas administrativas graves de los servidores públicos como son:
FALTAS GRAVES
1.- EI abuso de funciones
2.- Encubrimiento, cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas.
Y es que en el juicio civil 163/2021, seguido ante el Juez Cuarto Civil en Puerto Vallarta, Blair Tyler Shurtleff y Shane Paul Hayward, dieron a conocer que el 17 de agosto de 2021, el Gobierno Federal les otorgó una concesión en la zona federal marítimo terrestre –por un plazo de 15 años—según el expediente 979/JAL/2019; C.A.16.278.714.1 _ 7- 43/2019, por lo que no procedía el embargo.
No obstante, el 28 de agosto de 2024 causó estado la sentencia en la que la parte demandada no acreditó sus excepciones.
Después, el 13 de noviembre de 2024, se condenó a los señores Blair Tyler Shurtleff y Shane Paul Hayward al pago de la cantidad de 380 mil 700 dólares, cuya sentencia se declaró firme el 2 de diciembre de 2025.
Para el 15 de enero de 2026, el Juez Cuarto Civil --hoy denunciado-- ordenó la ejecución forzosa de la sentencia del 13 de noviembre de 2024 antes referida, señalando el embargo de bienes propiedad de Blair Tyler Shurtleff y Shane Paul Hayward.
NI LOS OIGO, NI LOS ESCUCHO
En este contexto, y a pesar de que le hicieron saber a Esthephany Jocelyn Plácito Ponce --Juez menor de El Tuito--, la circunstancia de que el inmueble que pretendía embargar era de la nación, dicha autoridad procedió a su embargo, esto, el 17 de febrero de 2026.
En este sentido, la juez menor llevó a cabo el acta de requerimiento y embargo, ignorando –quizás a propósito-- un proveído del 15 de enero de este 2026.
En el acta de embargo, la referida Juez menor señaló que en acatamiento a su orden (dirigiéndose al juez de la Cerda Medina), "...y en vista de que el deudor no realizó el pago requerido procede al embargo de la administración de la propiedad denominada "casa pericos”.
Lo anterior, a pesar de que se le advirtieron a la juez que, de conformidad con el artículo 16 de la Ley General de Bienes Nacionales, no podía embargar la administración de la propiedad, por ser bienes de la nación; pero a Esthephany Jocelyn Plácito no le importó esta información (ni que estaba cometiendo una falta grave), y procedió a embargar un bien nacional, o sea, la zona federal.
En un juego de complicidades, semejante irregularidad se la hicieron saber al Juez Cuarto Civil mediante un escrito presentado el 23 de marzo de 2026, pero Francisco Ramón de la Cerda –en un comportamiento por demás dudoso—no acordó lo conducente; por lo que también lo habrían hecho responsable de alguna de estas conductas, al no dar respuesta en los plazos para ello otorgado por la normatividad aplicable.
LA DESTITUCIÓN
En este tenor, los abogados de los afectados pidieron a los Magistrados Consejeros de la Judicatura de Jalisco, la destitución de los servidores públicos denunciados y su Inhabilitación hasta por nueve años para el desempeñar cualquier cargo público.
Asimismo, solicitaron se determinara la suspensión temporal del cargo de las autoridades responsables.
Así las cosas, es probable que la abogada Norma Alicia Rodríguez lleve a la ruina judicial al juez de la Cerda Medina y a la señora Plácito Ponce, en caso de ser destituidos.
Esta queja de responsabilidad administrativa se efectuó el 08 de abril de este 2026… Pero a la fecha, no ha habido respuesta por parte de los Magistrados; tampoco han procedido a destituir a los jueces involucrados y mucho menos los han suspendido.
Las conductas y mal accionar de los jueces Francisco Ramón de la Cerda Medina y Esthephany Jocelyn Plácito Ponce, siguen en la impunidad total.
… ¿Será que el Consejo de la Judicatura protege la mala actuación de algunos jueces en Jalisco?